jueves, 9 de octubre de 2008

Conflicto similar en Galicia


La Sección Sindical de CNT en Siega mantiene también un conflicto de cesión ilegal de trabajadores, en este caso, informáticos.

Desde su página web (http://www.cntgaliza.org/?q=siega) dicen:

"A solución ideal
Para nos, o xeito de facer ben as cousas pasaría porque o servizo fose público e se desmontaran os lucrativos chiringuitos que precarizan o noso traballo.

Para conseguilo vemos dúas opcións:

1) que a Xunta ofertase as prazas correspondentes, cousa que vemos moi pouco probable en vista dos datos comentados anteriormente.

2) que os propios traballadores tramitásemos as correspondentes denuncias de cesión e acadaramos o obxectivo de ser persoal laboral indefinido non fixo, quedando deste xeito en mans da Xunta a oferta e convocatoria de prazas de informática."

Se reclama que la Junta de Galicia oferte las plazas correspondientes, cosa que ven muy poco probable ya que la última oposición de informáticos fue en el 2002. O bien, que los propios trabajadores tramiten sus correspondientes denuncias con el objetivo de ser personal indefinido no fijo, quedanto en manos de la Junta la oferta y convocatoria de plazas de informática. Disculpas si la traducción no ha sido muy exacta.

Como delegada no-readmitida como represalia sindical, estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. Aquí no se trata de "colarse" en puestos de trabajo de la Administración reservados a las personas que aprueban un exámen público y en igualdad de oportunidades con cualquier otro ciudadano. Lo que venimos observando es que los organismos públicos prefieren ofertar concursos administrativos a convocar oposiciones. Y dentro de los concursos administrativos hay que diferenciar entre las subcontratas que ofrecen un servicio y las que sólo se limitan a proporcionar una firma y un nombre en el contrato de trabajo.

Un trabajador que denuncie una cesión ilegal de trabajadores jamás será un funcionario porque no ha aprobado una oposición. Puede convertirse en personal laboral pero la Administración tiene el deber de convocar esas plazas para que cualquier persona tenga la posibilidad de optar a ellas en igualdad de oportunidades.

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